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"Complejos entramados de corrupción para alterar elecciones del Congreso"

elEconomistaAmérica.com | Colombia - 22:34 - 21/06/2018
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    Como resultado de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía para garantizar la transparencia e integridad de las recientes elecciones al Congreso de la República, se encontraron serias irregularidades en distintas regiones del país.

    Entre los capturados se encuentran funcionarios de diferente nivel y se logró la identificación de más de dos mil (2.000) intermediarios que habrían favorecido a candidatos al Congreso.

    En todos los casos, los fiscales y los investigadores ponen al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático.

    Se presentó la segunda fase de la "Operación Casa Blanca" en la que se descubrió una red de compra de votos para favorecer a la candidata Aida Merlano, en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico.

    Gracias al trabajo de más de 50 investigadores de la Fiscalía y de más de 2.112 horas de video y audios recaudados, se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas. Las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República. Audios obtenidos en el proceso dan cuenta que sus gestores manifestaban que para la próxima campaña irían a estar mejor porque iban a trabajar con un nuevo "sistema".

    La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas.

    Para las elecciones de Congreso en el 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente atendió a la senadora electa Aída Merlano. Las pruebas muestran que Casa Blanca también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de su partido para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida.

    La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular, así:

    Candidatos al Congreso: Aida Merlano y Lilibeth Llinás

    Dirigentes políticos regionales:

    Jorge Rangel, Diputado del departamento del Atlántico

    Margarita Balén, Diputada del departamento del Atlántico

    Juan Carlos Zamora, Concejal del distrito de Barranquilla

    Aissar Castro Bravo, Concejal del distrito de Barranquilla

    Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo

    Vicente Támara, exConcejal del municipio de Soledad

    Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de "paquetes de votantes" para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo.

    La red contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico.

    En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la "Casa Blanca".

    En la privada, se identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal. Uno de ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante el mes de febrero de 2018 cobró veintiún (21) cheques que superaron los mil millones de pesos ($1.000'000.000). Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos ($500'000.000).

    El fiscal de conocimiento compulsó copias el 20 de junio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora electa Aída Merlano, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

    En la misma fecha también se compulsaron copias ante el Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido las candidatas Aída Merlano y Lilibeth Llinás

    El fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría, por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral.

    Durante las pasadas elecciones a Congreso fue capturado Sergio Andrés Lora Ávila, quien portaba casi siete millones de pesos en efectivo, un aparente listado de votantes y propaganda política alusiva al candidato al Senado, Fabián Castillo, actual Representante a la Cámara. El laboratorio forense de la Fiscalía acaba de producir los primeros informes, como resultado del análisis del celular que portaba este capturado.

    En el mismo se recuperaron conversaciones vía chat en las que mencionaba el nombre de varias personas, entre las que figuran varios dirigentes políticos y terceros, que darían cuenta de la existencia de conductas cometidas con el propósito de comprar votos.

    El fiscal de conocimiento radicó el día de ayer ante el centro de servicios de Santa Marta audiencia de imputación en contra de:

    Sergio Andrés Lora Ávila, por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal porque habría intentado desviar las investigaciones.

    También se solicitará audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, a quien se le imputará el delito de tráfico de influencia de servidor público, por presuntamente haber intentado favorecer a Lora Ávila durante el proceso de judicialización.

    El Fiscal de conocimiento dispuso compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia contra Fabián Castillo, actual Representante a la Cámara y recién elegido Senador, para los efectos de ley.

    Un Fiscal investiga los hechos según los cuales la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes, reelegida al Congreso, ofreció a sus votantes, de manera subsidiada, viajes a San Andrés Islas por un valor de ciento veinte mil pesos ($120.000), tabletas a treinta mil pesos ($30.000) y televisores de 49 pulgadas a trescientos cincuenta mil pesos ($350.000), siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes por Antioquia.

    Las evidencias materiales probatorias recogidas por el fiscal de conocimiento indican que la campaña alcanzó a recaudar de los votantes ciento treinta y seis millones de pesos ($136´000.000) en una cuenta particular. Asimismo la campaña les condicionó la entrega de las ofertas a la comprobación de que hubiesen votado por la congresista.

    Las personas comprometidas en la investigación fueron identificadas como Alejandro Cuartas Rodas (gerente de la campaña) y Elizabeth Jaramillo Rico, quienes al parecer habrían hecho la oferta a más de 400 personas que asistían a reuniones de la entonces candidata. El Fiscal de conocimiento acopió elementos probatorios que indicarían que Alejandro Cuartas Rodas, además, habría comprado votos a $80.000 el día de las elecciones.

    El día de ayer fueron capturados Alejandro Cuartas Rodas en Jericó (Antioquia) y Elizabeth Jaramillo Rico en Medellín. Estas personas serán imputadas por el delito de corrupción al sufragante en audiencia pública que se surtirá el día de hoy en la ciudad de Medellín.

    Con base en los elementos materiales probatorios de esta investigación, el fiscal de conocimiento compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra la representante Margarita Restrepo.

    El subdirector del SENA en Caucasia, Braulio Suárez, habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya Pulgarín.

    Según las investigaciones, Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector del SENA se encargaría que quienes tenían contrato con el SENA lo mantendrían y quienes no lo tenían podrían ser nuevos contratistas.

    El fiscal de conocimiento estableció que, efectivamente, varias de las personas que asistieron a las reuniones, eran contratistas de la entidad, e incluso se denunciaron amenazas contra algunas de las que rindieron declaraciones en contra del funcionario.

    El señor Braulio Suárez fue capturado en las últimas horas en Caucasia (Antioquia) y será llevado ante el juez de control de garantías en la ciudad de Medellín para realizar las audiencias de legalización de captura, imputación por el delito de corrupción al sufragante y solicitud de medida de aseguramiento.

    Desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos.

    De hecho, para confirmar el compromiso, les exigió la elaboración de un listado con el nombre de al menos diez familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron mínimo veinte personas. A algunas de ellas habría asistido como veedor el señor Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de la localidad de Kennedy.

    Uno de estos encuentros se presentó el pasado 8 de marzo de 2018, Día de la Mujer, cuando se habría citado con esa excusa a varias de las profesoras que habían cumplido con los "requisitos", y se les habría entregado un sobre con $200.000 como reconocimiento por la "colaboración".

    Por estos hechos, el próximo 3 de julio serán imputados por los delitos de constreñimiento y corrupción al sufragante Julián Gutiérrez (contratista) y Jhon Francisco Rodríguez (subdirector regional de Kennedy de la Secretaría de Integración Social del Distrito).

    Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembros de la comunidad de López de Micay denunciaron que, en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones a Congreso, que habría beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el departamento del Cauca.

    Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete mesas de seis corregimientos donde, aparentemente, los resultados del preconteo no se habrían reportado oportunamente a la Registraduría departamental y, además, habrían aparecido más de doscientos cincuenta (250) votos marcados en favor del entonces candidato.

    La Fiscalía recuperó el material electoral y el perito documentólogo que lo analizó determinó que al comparar la forma como fueron marcados los tarjetones, la X tiene el mismo patrón grafológico, es decir, habrían sido marcados por la misma persona, a pesar de que las mesas no están cerca entre sí. Por el momento, el Fiscal del caso recuperó el resto de material electoral para determinar el autor de las marcas similares.

    El fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a seis (6) jurados de votación, diligencia que se realizará el próximo 22 de junio.

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