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El ABC de normas que Colombia busca armonizar para acceder a la OCDE

elEconomistaAmérica.com | Colombia - 18:05 - 20/03/2017
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  • En materia institucional, el país "pasó de la posición 79 a la 112 en la última década, quedando a la altura de países como Nigeria o Pakistán", ha señalado Gaviria Muñoz.

El director de Planeación Nacional, durante reuniones previas a la exposición del marco regulatorio en Colombia.

En Colombia no es nada despreciable el listado de normas que rodean las actividades tanto de la economía como de la sociedad en general.

EL ABC DE LAS NORMAS es el título que le ha dado el Departamento Nacional de Colombia a un trabajo que permite entenderlas de una mejor manera, de cara al ingreso del país a la OCDE. 

La regulación a nivel general se concibe como todas las normas o disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto, por medio de las cuales el Estado consigue sus fines de política pública, asegura los derechos y promueve la economía y el bienestar social del país.

En Colombia, las normas tienen la siguiente jerarquía:

1. En el primer nivel se encuentra la Constitución Política

2. Le siguen las leyes, que vienen de la potestad legislativa del Congreso de la República (leyes orgánicas, leyes estatutarias, leyes marco, y leyes comunes). Así mismo, extraordinariamente el Presidente de la República, en ciertas situaciones contempladas en la Constitución, cuenta con la facultad de emitir Decretos Ley y Decretos Legislativos.

3. En el siguiente orden está la potestad reglamentaria del Presidente (en virtud del Artículo 189, numeral 11 de la Constitución). En esta categoría se encuentran los demás Decretos, las Resoluciones y órdenes necesarias para cumplir la Ley.

4. Finalmente, existen cerca de 21 tipo de actos administrativos, entre los que se encuentran las circulares, actas, directivas y autos.

¿Quiénes emiten los decretos?

En la emisión de normatividad de carácter sustancial participan, al menos, 77 de las 190 entidades de la rama ejecutiva de orden nacional, discriminadas así:

16 Ministerios.

8 Departamentos Administrativos.

10 Superintendencias.

3 Comisiones de regulación.

33 Unidades Administrativas Especiales

7 Agencias Estatales de Naturaleza Especial

¿Cómo ha sido el proceso? 

2011: Gobierno de Colombia solicita el acceso al Comité

2012: Primera sesión del Comité de Política Regulatoria con participación de Colombia.

2013: Lanzamiento del Estudio de Política Regulatoria, cuyas recomendaciones sirvieron de base para el CONPES 3816.

2014: Se elabora el CONPES 3816, hoja de rota de la política de mejora regulatoria en el país. Colombia inicia pilotos de Análisis de Impacto Normativo con diversas entidades reguladoras. Se realiza el primer diplomado en mejora normativa con la Escuela Superior de la Administración Pública ESAP.

2015: Colombia tiene su presentación de Acceso al Comité OCDE, recibiendo la aprobación de este.

2016: Se avanza en las capacitaciones a los funcionarios, se realiza otro Diplomado, se avanza en las lecciones aprendidas de los pilotos, establecimiento de criterios para validación de Análisis de Impacto Normativo para Colombia.

2017: Se trabaja en el desarrollo de la plataforma Sistema Único de Consulta Pública SUCOP, se emite la Guía para la elaboración del AIN, nuevos pilotos AIN y ruta de capacitaciones. Se presenta propuesta de la implementación de la obligatoriedad del AIN para los proyectos de normas de carácter general.

2018: Entrada en vigencia de la obligación del realizar AIN a los proyectos normativos de carácter general. DNP asume la función de revisar la calidad de los AIN elaborados por las entidades.

Un reciente historial

Entre 2000 y 2016, las entidades que encargadas de hacer regulaciones emitieron 94.748 tipos de normas, para un promedio diario de 2,8 decretos, 11,2 resoluciones, 0,3 circulares y 15,4 normatividades.

En 2016 el 57% de los decretos fueron no sustanciales, y en el mismo año el sector Relaciones Exteriores emitió el 20% de los decretos y el sector Hacienda, un 10%.

Esta política regulatoria deberá cambiar con la supervisión de la calidad en manos de una entidad de alto nivel con capacidades técnicas, pues actualmente la competencia de revisión de la mejora regulatoria no está centralizada en una entidad.

Esta fue parte del diagnóstico y solución de Simón Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el ?Cuarto Diálogo de Expertos de la Red Latinoamericana de Buenas Prácticas Regulatorias?, organizado por el DNP en Cartagena este jueves y viernes. Recordó que en los países OCDE el costo de la regulación es el 3,8% del PIB.

"Hay que hacer un proceso de transición entre metodologías cualitativas para hacerlas más cuantitativas. La falta de apropiación de las herramientas de mejora regulatoria conlleva al bajo nivel de cumplimiento de la regulación. Según el Índice de Cumplimiento Regulatorio 2016, Colombia ocupa el puesto 51 entre 113 países", comentó el funcionario.

Gaviria Muñoz agregó que las diversas competencias de mejora regulatoria requieren un esfuerzo superior de coordinación: "No existe un procedimiento estándar para la elaboración de la regulación. No se realiza un análisis previo del posible impacto de la regulación. Existe poca coordinación entre quienes emiten la regulación y quienes la supervisan".

En sus palabras, en Colombia debe crearse una entidad supervisora de la calidad regulatoria que se encuentre cerca del centro de gobierno, transversal y con capacidades técnicas; en función de revisar la calidad del AIN y emitir concepto, y promueva la calidad regulatoria dando lineamientos de buenas prácticas. 33 de 34 países de la OCDE han adoptado una forma institucional con esta responsabilidad.

"Debemos dejar de pensar que la regulación es gratis, la regulación tiene altos costos para el país", agregó el Director del DNP.

Según el último Informe de Competitividad Nacional elaborado por el Consejo Privado de Competitividad, en materia institucional, el país "pasó de la posición 79 a la 112 en la última década, quedando a la altura de países como Nigeria o Pakistán".

Este resulta se explica en parte por la carga regulatoria, además de otros factores como la corrupción y la falta de independencia judicial.

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