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Superindustria ordena a la ANI dar por terminado Contrato de Ruta del Sol 2

elEconomistaAmérica.com | Colombia - 19:34 - 16/02/2017
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    El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, decretó unas medidas cautelares administrativas con el propósito de suspender o hacer cesar los efectos ilegales de las conductas presuntamente contrarias a la libre competencia económica desplegadas por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) - hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)- a través de su condición de Director Encargado para la época, Gabriel Ignacio García Morales y la Concesionaria Ruta del Sol, de la cual hacen parte empresas de Odebrecht, que generaron la suscripción del Contrato de Concesión de la Ruta del Sol ? Tramo 2 en el año 2010.

    Con base en las pruebas que obran en el expediente, en este estado de la actuación administrativa, se encuentra acreditado que durante el proceso de licitación pública para la concesión de la Ruta del Sol, Tramo 2, García Morales, en su calidad de Viceministro de Transporte y Gerente General Encargado del Inco asesoró a un funcionario de una empresa vinculada con Odebrecht que conformó la concesionaria que a la postre resultó adjudicataria de la concesión.

    Además, existen múltiples evidencias sobre la forma en que dicho funcionario habría direccionado el proceso licitatorio con el fin de favorecer la propuesta de dicha empresa, y así falsear la libre competencia económica en el proceso contractual, en desmedro de las otras propuestas presentadas. El funcionario habría ejecutado dichas irregularidades a cambio de un soborno pagado por Odebrecht, por un monto de USD 6,5 millones de dólares, hecho que fue reconocido, aceptado y confesado tanto por García Morales, como por Odebrecht.

    Teniendo en cuenta que los recursos con los cuales se financian los contratos adjudicados por el Estado (compras públicas de bienes y servicios) son de carácter público, las consecuencias de una restricción indebida de la competencia en el marco de estos procesos de selección son particularmente graves (mucho más graves), pues se presentan sobrecostos y pérdidas irrecuperables de recursos públicos que terminan por desfinanciar otras inversiones que el Estado debe realizar, lo cual a su vez representa lesiones importantes en términos de bienestar social, desarrollo económico y eficiencia económica.

    Por lo anterior, la protección de la libre competencia en los procesos de selección contractual que adelanta el Estado (compras públicas) merece especial atención por parte de la autoridad de protección de la libre competencia económica.

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