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El agro empresarial y la agroindustria incluyente son el camino

elEconomistaAmérica.com | Colombia - 21:01 - 19/04/2017
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  • Estamos ad portas del inicio de una campaña presidencial para el 2018 y el país deberá tomar importantes decisiones de política pública si desea aprovechar sus ventajas comparativas y desarrollar el inmenso potencial del agro colombiano.

Jens Mesa Dishington, presidente de Fedepalma, plantea políticas estructurales para el agro.

Recientemente el DANE publicó las cifras del comportamiento de la economía colombiana en 2016, y de ellas se deriva que mientras que el conjunto de la economía registró un crecimiento de 2 %, el sector agrícola apenas creció 0,5 %.

Por Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma

Cifras desalentadoras, que en el caso del agro, se suman al bajo nivel de desempeño que ha sido característico en las últimas décadas; cabe recordar que mientras que el PIB nacional muestra un crecimiento promedio de 4,1 % en los últimos 10 años, el PIB Agrícola alcanza sólo 2 % en promedio en igual período.

Mientras ello ocurre, la demanda mundial de alimentos continúa aumentando por causa de la tendencia creciente de la población y de la clase media consumidora, al punto que a 2050 se estima un incremento de la misma de 70 %. En lo que tiene que ver con el mercado local, también las importaciones de alimentos y materias primas agrícolas siguen aumentando y actualmente superan los 11 millones de toneladas.

Del lado de la oferta, Colombia cuenta con recursos fundamentales para un desarrollo agrícola muy dinámico, principalmente tierra, agua y gente para trabajar el campo. Por una parte, el país tiene una frontera agrícola de 43 millones de hectáreas, de las cuales tan sólo 7,1 millones de hectáreas son actualmente productivas, es decir 16,5 % de su potencial; siendo, según la FAO, uno de los siete países en el mundo con disponibilidad para expandir su agricultura sin deforestar.

Por otra parte, Colombia es el sexto país con mayor riqueza hídrica en los rankings que elabora el Banco Mundial y, adicionalmente, según la Misión para la Transformación del Campo Colombiano, la población rural en nuestro país es de 14,4 millones de habitantes, cerca del 30 % de la población total, en donde 90 % está en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Parece entonces que Colombia lo tiene todo para aprovechar sus recursos y dinamizar la oferta local agrícola y, a su vez, capitalizar las oportunidades de mercado que ofrece el mundo de hoy. Entonces, ¿Qué está pasando con el agro colombiano? ¿Por qué avanza tan lentamente?

La respuesta es que el sector agrícola colombiano requiere un nuevo modelo de producción, uno que promueva la empresarización de todos los productores del campo, pequeños, medianos y grandes.

Con esta firme motivación Fedepalma invitó a un numeroso grupo de empresarios, gremios de diferentes actividades del sector agrícola e instituciones como el Centro de Liderazgo y Gestión (CGL), el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes), el Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olózaga (ICP) y el Consejo Privado de Competitividad (CPC), para desarrollar durante el 2016 la iniciativa "El Agro empresarial y la agroindustria son el Camino".

Baja productividad

Como resultado de esta iniciativa, es claro que el agro colombiano adolece de baja productividad laboral, escasa inversión en bienes públicos, poca inversión en ciencia y tecnología, bajos rendimientos, baja escala de producción, restricciones de acceso al crédito, deficiencias en capital humano, inseguridad jurídica y precarias condiciones de inversión, alta informalidad, violencia y falta de instituciones, uso inapropiado del suelo, poca adopción de buenas prácticas agrícolas y empresariales y vulnerabilidad al cambio climático, entre otros.

Pero también resulta evidente que un nuevo modelo agro empresarial y agroindustrial incluyente favorece la inclusión financiera de pequeños productores, facilita la construcción de capital humano y la formalización laboral, genera nuevas capacidades acordes con los cambios tecnológicos y a los avances científicos, resta espacio a la informalidad y a las economías ilegales, contribuye a la superación de la pobreza, impulsa encadenamientos productivos y generación de valor, estimula el ordenamiento territorial y productivo, facilita el uso sostenible de los recursos ecosistémicos en el largo plazo, contribuye a una mejor gobernanza de los territorios y a la cultura de la legalidad, y compromete a las empresas con el ejercicio de una buena ciudadanía corporativa.

Estamos ad portas del inicio de una campaña presidencial para el 2018 y el país deberá tomar importantes decisiones de política pública si desea aprovechar sus ventajas comparativas y desarrollar el inmenso potencial del agro colombiano. El agro debe ser una prioridad y la política pública debe cambiar su centro de gravedad a lo rural. Ello requiere romper paradigmas, emprender un nuevo camino y construir una narrativa distinta para el sector agrícola, que implica un nuevo modelo productivo, ¡Un modelo empresarial y agroindustrial incluyente!

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