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La SuperSociedades ha tramitado más de 4.000 procesos de insolvencia

elEconomistaAmérica.com | Colombia - 16:47 - 13/09/2018
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    La Superintendencia de Sociedades reportó que el número total de procesos de insolvencia (liquidaciones y reorganizaciones alcanzó la cifra de 4027, desde el año 2007 cuando comenzó a regir la ley de insolvencia.

    Los registros de la entidad dan cuenta de la apertura de 109 procesos de liquidación, bajo los términos de la ley 1116 de 2006, durante los primeros 8 meses del año. Con lo anterior, el total de procesos de liquidación tramitados por esta entidad en una década alcanza los 1625 casos.

    La mayor cantidad de compañías convocadas a liquidación judicial se encuentran localizadas en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Valle, Atlántico y Cundinamarca, mientras que por tamaño, el mayor número de liquidaciones corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas.

    Las causas de las liquidaciones son tan diversas como las actividades que desarrollan las sociedades. Principalmente los reportes apuntan a la incapacidad para cumplir con sus obligaciones con trabajadores, proveedores, entidades de seguridad social y acreedores financieros, entre otros.

    Entre tanto, la Superintendencia de Sociedades inició un total de 365 procesos de reorganización, entre el primero de enero y el 31 de agosto del presente año. Con esta cifra, ya son 2402 los casos de reorganización empresarial atendidos por la entidad desde la expedición de la Ley de Insolvencia, de acuerdo con el reporte de la delegatura encargada de adelantar estos procedimientos.

    La mayoría de las compañías en reorganización pertenece a los sectores del comercio, la industria manufacturera, los servicios y la construcción.

    Cabe recordar que, de acuerdo con los principios de la Ley de Insolvencia, a través de la figura de la reorganización la Superintendencia de Sociedades adelanta esfuerzos y despliega toda su capacidad institucional con el objetivo de sacar a las compañías de la crisis y de normalizar su situación financiera, para que puedan continuar desarrollando su objeto social y preservarlas como fuentes generadoras de empleo y riqueza.

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