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Bloque anticorrupción alerta por fallos en contratos relacionados con Covid-19

El bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación avanza con determinación para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por el Covid–19.

La Fiscalía General de la Nación verificó más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país. En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Como parte de ese trabajo, la Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.

En los próximos días se tomarán decisiones con nuevas imputaciones e imposición de medidas de aseguramiento contra algunos mandatarios departamentales y municipales, por conductas penales atinentes a la corrupción.

De un universo de contratos por $18,7 billones celebrados durante 2020, la CGR ha revisado todos los que tienen que ver con la atención del Covid-19, por $3,1 billones.

De ellos, contratos por $2,1 billones se relacionan con compras de insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos y otros, por $1 billón, tienen que ver con prestación de servicios.

La Contraloría ha evidenciado presuntos sobrecostos en contratos por $419.000 millones y ha generado 227 alertas.

El monto inicial de los presuntos sobrecostos llegaba a $17.200 millones y después de la generación de estas alertas se redujeron a $6.300 millones.

Los contratos objeto de renegociación tenían un monto inicial de $57.000 millones y después de ella su valor total se redujo a $46.000 millones.

Gracias al control preventivo, hasta el 18 de mayo la CGR le ahorró al Estado $25.000 millones en contratos renegociados por alertas de la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata).

Estas alertas han servido también para que se cancelen o liquiden contratos por $3.200 millones. Es así como se canceló un contrato en Medellín por $2.462 millones, 2 contratos en Guaduas (Cundinamarca) por $560 millones y un contrato en Cali por $62 millones.

Por un presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de 1 millón 322 mil 700 tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones de pesos contra el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta misma unidad, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y el representante legal de la empresa contratista Medivalle SF SAS, Anderson Gaminera Angulo.

Adicionalmente, el organismo de control abrió procesos de responsabilidad fiscal contra 6 mandatarios territoriales: por casi $312 millones contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González; por más de $942 millones contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; por $1.051 millones contra el Alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez; por $1.107 millones contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; y otro por más de $229 millones contra el Alcalde del Municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Todos estos procesos se abren por presuntos sobrecostos en la ejecución de contratos que suscribieron sus administraciones como consecuencia de declaratorias de Urgencia Manifiesta realizadas a raíz del Covid-19.

Al mismo tiempo, el organismo de control anunció la apertura de 40 indagaciones preliminares también por el tema de posibles sobrecostos, en contrataciones por el Covid-19.

Las decisiones fueron adoptadas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y algunas Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR.

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $311.935.026 y vinculó como presuntos responsables fiscales a la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, su Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Nataly Toro Pardo, y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, por presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19.

Fueron vinculados en virtud de que, con su gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial señalado.

La Procuraduría General de la Nación en los dos meses de emergencia sanitaria por el covid-19 ha priorizado 2.562 actuaciones, de las cuales 1.563 corresponden a acciones preventivas dirigidas a evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos, en especial los destinados para ayudas humanitarias.

El órgano de control tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos. Para el pasado 24 de abril, la Procuraduría, como parte del programa ´Transparencia para la emergencia´, había iniciado 123 expedientes disciplinarios.

De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario.

Chocó es el departamento con más investigaciones, 3 en total. Vaupés con 7 y Magdalena y Nariño, cada uno con 5, son las administraciones departamentales con más indagaciones.

El 70% de estos procesos disciplinarios, 364 en total, corresponden a casos en 272 alcaldías del país. De estos 336 se encuentran en indagación preliminar, 20 en investigación y en 8 hay citación a juicio disciplinario o ya comenzó la audiencia de juzgamiento disciplinario, como ocurre con los alcaldes de Armenia, Quindío; Guaduas, Cundinamarca, y El Socorro, Santander.

Por regiones, en la Caribe se adelantan 106 procesos en 81 municipios, en la Pacífico 48 en 34 municipios, en la Andina 188 en 139 municipios, en la Orinoquía 17 procesos en 13 municipios, y en la Amazonía 5 procesos en 5 municipios.

Así mismo, se tramitan 80 procesos disciplinarios en 61 entidades, de los cuales 71 están en indagación, 8 en investigación y se formuló pliego de cargos contra el gerente del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, José Agustín Ramírez Montoya.

De estos procesos, 29 corresponden a hospitales, 17 a entidades del orden nacional, 16 del orden territorial, 8 a concejos municipales, 6 a establecimientos penitenciarios y carcelarios, 3 a personerías y una comisaría.

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