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En Colombia hay más de 64.700 hectáreas cuantificadas de explotación ilícita de oro

Más de 64.700 hectáreas en Colombia corresponden a explotación ilícita de oro de aluvión, según el informe "Colombia, explotación de oro de aluvión: evidencias a partir de percepción remota 2019 (EVOA)".

"Es importante diferenciar la minería con todas las de la ley que cumple con altos estándares, fundamental para generar recursos, disminuir las brechas sociales y generar progreso, de la explotación ilícita de minerales, que es un crimen que atenta contra el medio ambiente y las comunidades. Con este informe las autoridades cuentan con una herramienta de información detallada y efectiva para combatir este flagelo", señaló el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

El Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, Pierre Lapaque, expresó respecto a esta cuarta medición que "esta serie histórica de observación y análisis del fenómeno es resultado de la cooperación; no solo la cooperación en términos financieros, sino especialmente la cooperación técnica y estratégica. Este ejercicio recoge la visión del Ministerio de Minas y Energía que propone gestionar información a través de un sistema de monitoreo que facilita el diseño de herramientas de política pública".

Entre tanto, el Embajador de Estados Unidos, Philip S. Goldberg, manifestó que "es crucial continuar con los esfuerzos mancomunados, de modo que podamos seguir acercando a las instituciones colombianas a las zonas de explotación de oro, y así, con ayuda de la cooperación internacional, fortalecer el sector minero, lejos de las manos de las organizaciones criminales y sobre todo contribuyendo a salvaguardar los derechos y la salud de la gente y la biodiversidad de Colombia."

La EVOA está altamente concentrada en tres departamentos: Antioquia, Chocó y Bolívar, con el 88 % del total nacional. Adicionalmente, los departamentos con presencia de alertas por EVOA en agua son Amazonas, Guainía, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare y Cauca. Los afluentes identificados con esta condición son los ríos Apaporis Caquetá, Cotuhé, Inírida, Negro y Atabapo.

El 52% de la EVOA en tierra se encuentra en las Zonas excluibles de minería o protegidas ambientalmente, las cuales corresponden a territorios de protección y desarrollo de recursos naturales renovables y ambientales donde la ley determina que no se podrán ejecutar obras de exploración y explotación minera. Entre las zonas excluibles, el 48% del total de las evidencias se localizan sobre áreas de Reserva Forestal de ley segunda, y por lo tanto, son susceptibles de sustracción ambiental.

Adicionalmente, se detectó EVOA en tierra en Parque Nacional Natural Puinawai y en el PNN Farallones de Cali. Se encuentran en riesgo cuatro Parques Nacionales Naturales: Paramillo, Munchique, Serranía de los Churumbelos y Acandí Playón, por presentar EVOA en tierra a menos de 10 km de ellos. De igual forma, se identificaron alertas por presencia de EVOA en agua en cinco parques: Serranía de Chiribiquete, Yaigojé Apaporis, Cahuinarí, Amacayacu y Puinawai.

Según el informe, la explotación de oro de aluvión sucede en territorios ambiental y socialmente vulnerables, donde la ilegalidad se expresa de diferentes maneras; en el 43% de los territorios con EVOA también se identificó la presencia de cultivos de coca.

La legalidad es uno de los pactos estructurales que quedó contemplado como un eje fundamental en el Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido el Gobierno Nacional viene trabajando en dos frentes de legalidad relacionados con la minería; el primero, el tránsito a la legalidad minera, donde se han creado herramientas para facilitar el tránsito de alrededor de 27.000 mineros a la legalidad, de los cuales 12.000 ya se encuentran en tránsito.

Y el segundo, el proyecto de ley 059 que busca fortalecer las herramientas necesarias para controlar la Explotación ilícita de minerales y que se tramita actualmente en el Congreso de la República, el cual cuenta con componentes ambientales, penales, mineros y medidas especiales, entre las que se destacan los agravantes por desarrollarse en zonas protegidas y por financiación del terrorismo, se tipifica el delito de tenencia, comercialización y uso de mercurio, se incrementan las penas para su judicialización (la pena mínima pasaría de 2 a 5 años), se adopta como medida especial el cierre de bocaminas a cargo de la fuerza pública previa verificación por parte de la Autoridad Minera, entre otros.

La información contenida en el análisis EVOA busca contribuir a la formulación de políticas públicas, planes y estrategias de intervención que atiendan las necesidades específicas y disminuyan la vulnerabilidad de las comunidades que habitan en los territorios afectados. Además, ofrece un marco de conocimiento que permite entender la dinámica que se presenta en los territorios y su relación con este fenómeno y otras actividades al margen de la ley.

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