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Colombia avanza lentamente en la lucha contra el soborno transnacional

El resultado más reciente del informe Exportando Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, indica que entre los 47 países evaluados solamente Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Suiza -que representan el 16,5% de las exportaciones mundiales- aplican activamente legislación contra el soborno extranjero. Nueve países hacen parte de la clasificación de aplicación moderada, mientras que 15 hacen parte de la clasificación de implementación limitada, y 19 de aplicación nula.

En esta evaluación Colombia -que representa el 0,2% de las exportaciones globales- pasó del nivel de implementación "nula" al nivel de implementación "limitada". Este avance fue posible gracias a desarrollos legislativos recientes, al fortalecimiento de capacidades de instituciones estales encargadas de prevenir y sancionar este delito, y a esfuerzos por divulgar y sensibilizar diversos actores en materia de soborno transnacional. Sin embargo, se requieren mayores esfuerzos para alcanzar un nivel de implementación moderada o activa, especialmente respecto a lograr un mayor número de casos que sean sancionados de manera efectiva y ejemplar.

El informe destaca avances de Colombia a nivel normativo que complementan la ley 1778 de 2016 sobre responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción transnacional: la ley 2014 de 2019 que incorporó la inhabilidad para contratar con el Estado para personas jurídicas condenadas por cohecho extranjero; y nuevas disposiciones de regulación de conflictos de interés de funcionarios públicos, especialmente la ley 2013 de 2019.

Igualmente, se resaltan esfuerzos de formación de funcionarios, investigadores, y jueces que hacen parte del esquema de prevención y detección del soborno transnacional; la creación de grupo de investigación de soborno transnacional en la Superintendencia de Sociedades; la generación de guías para prevenir el cohecho extranjero y la implementación del canal virtual de denuncias de soborno transnacional por parte de dicha Superintendencia; y la realización de múltiples espacios de capacitación con empresarios.

A pesar de los esfuerzos realizados por Colombia entre 2018 y 2020, el país aún debe incorporar mecanismos efectivos de protección integral a reportantes y denunciantes de corrupción, tanto en el ámbito público como privado. Esta recomendación fue formulada en 2018 y a pesar de algunos esfuerzos realizados por parte del Gobierno y del Congreso desde entonces, el marco institucional y legislativo nacional sobre denuncia y protección al denunciante sigue siendo muy escaso.

También resulta necesario avanzar en la implementación del Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales creado por la ley 2010 de 2016. A nivel internacional se considera que la creación y divulgación de registros centrales de beneficiarios finales de las empresas pueden contribuir en la lucha efectiva contra el soborno transnacional. En complemento, es importante que en Colombia se definan líneas de acción claras respecto a la manera como se podría fortalecer el régimen de responsabilidad de personas jurídicas mediante la incorporación de medidas de responsabilidad penal. Entre 2018 y 2020 distintos proyectos de ley promovidos por el Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación y algunos congresistas de la República, han buscado impulsar dichas medidas, sin que hayan sido aprobadas hasta el momento.

Por último, el informe destaca que también se requiere asignar mayores recursos para la investigación efectiva del soborno transnacional. El proceso de detección de implicados y recolección de pruebas para la investigación de este tipo de delito, requiere que las unidades investigativas cuenten con suficientes recursos humanos, económicos y tecnológicos.

"Las debilidades aun identificadas ponen en riesgo la efectividad de los avances logrados en los últimos años. De nada sirven los avances legislativos si no prevenimos que los hechos ocurran y no logramos sanciones contundentes contra el soborno transnacional", afirmó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

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