Economía

Aumentar la productividad y la competitividad, bases de la reactivación

La capacidad para hacer frente a la crisis por COVID-19 pasa por contar con instituciones, políticas y factores que favorezcan el crecimiento de la productividad, señaló Rosario Córdoba Garcés, Presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC) al presentar el Informe Nacional de Competitividad 2020-2021.

Indicó que de eso depende la resiliencia de los países: de un funcionamiento adecuado y armónico de Estado y mercado.

Sostuvo que recuperar tasas de crecimiento altas y sostenidas que permitan remediar los daños causados por la pandemia y retomar los avances en bienestar que se lograron en los últimos años requiere una estrategia de desarrollo basada en aumentar la productividad y la competitividad.

Más allá de la inmediata necesidad de generación de ingresos y empleo, se requiere hacer todos los esfuerzos posibles para proteger el aparato productivo y los escasos vínculos formales existentes entre empresas y trabajadores y, sobre todo, es indispensable adelantar reformas que se han pospuesto y que son también urgentes para que la trayectoria de recuperación ubique al país en una senda de resiliencia, sostenibilidad y equidad.

Las naciones con mayores capacidades institucionales, sistemas de educación y salud efectivos y de calidad, y mercados eficientes y flexibles no solo han estado en mejor condición para soportar el embate inicial de la pandemia; también para la reactivación, recuperación y adaptación a una nueva realidad.

La pandemia ha tenido y seguirá teniendo impactos importantes sobre el bienestar. Por un lado, visibilizó y profundizó la enorme inequidad que caracteriza a Colombia, cuya reducción siempre ha debido estar entre las máximas prioridades de la agenda nacional. Por otro, agudizó desafíos conocidos, como el de la informalidad, que de paso dificultó la atención de la crisis con medidas de apoyo a empresas y trabajadores.

Sin embargo, también ofreció la oportunidad de acelerar la adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones en varios frentes, de reducir emisiones contaminantes, de afinar los instrumentos, los canales y la focalización de la política social, y de impulsar la productividad por la vía del trabajo remoto, entre otros.

El Gobierno Nacional respondió con rapidez a la crisis, adoptando medidas para proteger la salud, generar ingresos para los más vulnerables, proteger el empleo formal y dar liquidez a las empresas. En el marco de restricciones fiscales de cuyo cumplimiento depende la estabilidad macroeconómica del país, se ha buscado salvaguardar la vida mientras se preservan también los medios de vida, lo cual no ha sido un desafío menor, señaló.

La pandemia ha afectado de manera desproporcionada a los más vulnerables, a las mujeres, a los jóvenes y a las minorías étnicas, y se estima que cerca de la mitad de la población colombiana caerá bajo la línea de pobreza monetaria como resultado de la crisis. Se suman a lo anterior pérdidas dramáticas de capital humano, con cerca de 10 millones de niños, niñas y adolescentes que debieron transitar rápidamente hacia esquemas de estudio a distancia, con interrupciones en el aprendizaje, aumento de inequidades educativas, deterioros en bienestar emocional y salud mental, mayor riesgo de maltrato intrafamiliar y trabajo infantil, y mayores incentivos a la deserción. Si bien se trata de un fenómeno global, en Colombia el problema se agudiza por brechas regionales en infraestructura educativa, conectividad a internet, entrenamiento de los docentes en uso de TIC, y acceso a software y equipos.

Es necesario priorizar la agenda de cierre de brechas para avanzar hacia una sociedad más justa, con mayor equidad de oportunidades y movilidad social.

Por esta razón, el Consejo Privado de Competitividad recomienda combinar las necesarias medidas de corto plazo para asegurar ingresos, generar empleo y brindar liquidez a las empresas en el contexto de la pandemia, con acciones estructurales urgentes que le permitan a Colombia, por la vía de una mayor competitividad, estar mejor preparada para la próxima crisis:

1. Estabilidad fiscal, para garantizar el equilibrio macroeconómico y contar con los recursos necesarios para proveer bienes y servicios públicos y atender las legítimas demandas sociales: reformar el estatuto tributario para cumplir con los principios constitucionales del sistema, aumentar el recaudo y permitir el urgente ajuste fiscal.

2. Oportunidades de empleo de calidad, para generar ingresos y reducir la pobreza: actualizar la legislación laboral, reducir los costos laborales no salariales, permitir las contribuciones a la seguridad social por el trabajo por horas, reformar el régimen de cesantías para que sirva de base para un seguro de desempleo, y diseñar e implementar una Política Nacional del Cuidado.

3. Protección a la vejez, para garantizar ingresos a la población mayor y hacer más progresivo el sistema de protección social: reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal y financiera, y consistencia entre el sistema y las nuevas condiciones demográficas.

4. Habilidades pertinentes, para aumentar la productividad laboral, promover la movilidad social y adaptarse a los desafíos de las nuevas economías y el cambio tecnológico: evaluar las pérdidas de aprendizaje asociadas al cierre de centros educativos y adelantar medidas de remediación y compensación, fortalecer los mecanismos de evaluación docente, y fomentar el diseño de programas educativos en la modalidad de educación dual para mejorar la pertinencia educativa.

5. Sostenibilidad ambiental, para prepararse y adaptarse adecuadamente al cambio climático y contar con una base de capital natural que soporte el crecimiento en el mediano plazo: facilitar la transición a una economía baja en carbono del aparato productivo, reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental, y valorizar el capital natural.

6. Instituciones estables y fuertes, para garantizar el cumplimiento de reglas y acuerdos, combatir la corrupción y promover la cooperación entre individuos y la cohesión social: acelerar la transformación digital del Estado, continuar los avances para consolidar el Registro Social, poner en marcha el Sucop para centralizar los comentarios a los proyectos normativos publicados, y acelerar la implementación total y obligatoria del Secop II para compras públicas.

7. Conectividad e infraestructura con cobertura nacional, para conectar personas, mercados y regiones, y tener acceso a información y conocimiento: asegurar conectividad general de la población, extender servicios digitales a zonas rurales y de difícil acceso, monitorear el avance del Programa de Última Milla para dar acceso a internet en estratos bajos, y acelerar la ejecución de las vías terciarias.

8. Inserción a las cadenas globales de valor, para sofisticar el aparato productivo, favorecer al consumidor y aumentar el bienestar de las personas: revisar la protección comercial arancelaria y no arancelaria, y modernizar la política pública de libre competencia en institucionalidad, régimen sancionatorio y regulación pro competencia.

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