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La deuda del Sector Público colombiano en 2017 llegó a $516,59 billones

elEconomistaAmérica.com | Colombia - 16:35 - 9/08/2018
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    La deuda del Sector Público colombiano llegó en 2017 a $516,59 billones, equivalentes a 56,6% del PIB, reveló el contralor general de la Nación, Edgardo Maya Villazón.

    El endeudamiento público registró un incremento de $29,27 billones respecto al cierre de 2016, sin embargo, como proporción del PIB la deuda pública presentó una leve disminución de 0,4 puntos del PIB. Es decir, que como tamaño de la economía puede decirse que la deuda se mantuvo prácticamente estable entre 2016 y 2017.

    El Gobierno Nacional Central fue el principal prestatario público externo e interno y registró un incremento de $32,12 billones en el saldo de su deuda durante 2017 haciendo que medida como porcentaje del PIB (44,9%), alcanzara el nivel más alto desde 1923, año en que la Contraloría General de la República empezó a llevar el registro de la misma.

    Entre las operaciones que debió realizar el Gobierno con el fin de sostener sus metas de financiamiento en 2017 estuvieron: operaciones de prepago, y canje de la deuda interna; aumento del cupo de emisión de TES B por $8 billones; recorte en el Presupuesto General de la Nación por $4 billones; pre-financiamiento del presupuesto de 2018, con la emisión de bonos globales por US $900 millones; y utilización temporal de los diferentes fondos administrados, en especial, los recursos del Sistema General de Regalías por más de $10 billones y de Coltel por $3,2 billones.

    De igual manera el contralor reveló que el Sector Público Consolidado –SPC- registró durante el año 2017 un déficit fiscal de $23,81 billones (2,61% del PIB), menor al presentado en 2016 que fue de $26,55 billones (3,10% del PIB).

    En detalle, el Gobierno Nacional Central (GNC) tuvo un déficit de 3,7% del PIB frente a un superávit de 1,09% del PIB de los demás integrantes del Sector Público Consolidado.

    Los superávits se presentaron en los subsectores Seguridad Social, Regalías y Establecimientos Públicos Nacionales, Entidades Territoriales y Fondo Nacional del Café, mientras que se presentó déficit en Empresas No Financieras.

    Se destaca la mejoría en el resultado fiscal de las finanzas del Gobierno Nacional Central, que disminuyó su déficit en 0,3 puntos porcentuales en 2017, explicado por los mayores ingresos obtenidos en la vigencia (1,1% adicionales como porcentaje de PIB) en comparación con el incremento de los gastos (0,7% adicionales como porcentaje de PIB).

    En el Informe de Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, se muestra que el Gobierno Nacional contó con una apropiación definitiva de $229,32 billones (25,1% del PIB), 60,576% para funcionamiento, 17,62 % para inversión y 21,81% en servicio de la deuda, con ejecución total del 94,9%, medida por obligaciones.

    El 3,7% de la apropiación definitiva ($8,55 billones) quedó constituido como reserva presupuestal para ejecutarse en la vigencia 2018 y se presentaron pérdidas de apropiación por $3,07 billones, equivalentes a 1,3% de ese mismo valor.

    Por ser una tarea de control y seguimiento de la CGR, en este informe también se analiza el Gasto Público Social –GPS-, mecanismo para ejecutar política social con presupuesto del Gobierno Nacional, como: incluir en el sistema educativo a los niños de las familias más pobres, asegurar el acceso universal a la salud de la población sin capacidad de ingreso, mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda u otorgar vivienda a los más pobres.

    Es así como en el anexo de Gasto social que hace parte de la Ley de apropiaciones de 2017, un 53% ($118 billones) corresponden a Gasto Público Social del total apropiado ($224 billones).

    En la ejecución del Gasto Público Social, se observa que en términos nominales, pasó de $40,89 billones a $127,09 billones entre 2005 y 2017.

    Teniendo en cuenta que el Gasto Público Social va dirigido a la población vulnerable, al analizar la pobreza en el mismo periodo de tiempo, se encuentra que ésta no disminuyó en niveles proporcionales a ese aumento y aún persiste la inequidad (en la última década el Coeficiente de GINI pasó de 0,56 a 0,52).

    En los recursos del Gasto Público Social se han detectado problemas de corrupción como se ha mostrado en el Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales están destinados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros, y donde para la vigencia 2017 la CGR encontró hallazgos por $3.051 millones. Hay subsidios que deben ser dirigidos a la población más vulnerable y están beneficiando a población de altos ingresos.

    Finalmente, la opinión de la CGR sobre la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro es razonable con salvedades, fundamentada en los resultados del proceso auditor del organismo de control a las Entidades del Presupuesto General de la Nación que hicieron parte del Plan General de Auditorías para la vigencia 2017, la refrendación de las reservas y la incertidumbre para obtener el valor real en el aplicativo SIIF de las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2017.

    El Contralor Maya Villazón señaló que de no tomarse las medidas necesarias para reducir los gastos e incrementar los ingresos públicos, se pondría en riesgo el grado de inversión de la deuda externa colombiana y se incrementaría su costo de financiamiento.

    La CGR sigue insistiendo en el diseño de una estrategia de política económica de largo plazo con el objetivo de diversificar la estructura productiva para superar la dependencia de los sectores tradicionales como el de hidrocarburos, fortaleciendo los sectores agrícola y manufacturero.

    El logro de estos objetivos indudablemente permitirá un mayor crecimiento de la economía colombiana, y por ende el fortalecimiento de las finanzas nacionales y territoriales, la reducción del déficit fiscal y el sostenimiento de la deuda pública.

    Ante la presión fiscal generada por los menores ingresos del Gobierno Nacional Central y la inflexibilidad del gasto, se hace necesario identificar recursos destinados a Gasto Público Social que demuestren progresividad y eficacia y diferenciarlos del gasto que no cumple con estos requisitos para poder realizar los ajustes pertinentes.

    También es necesario evitar la mala clasificación de recursos ordinarios como Gasto Público Social, práctica que ha venido siendo observada recurrentemente por parte de la CGR y que ayuda al cumplimiento de lo estipulado en el indicador pero que no aporta a solucionar de fondo los problemas sociales.

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