Empresas

Acodal plantea a futuros gobernadores y alcaldes prioridades en agua y saneamiento

  • La integralidad en esta gestión comienza por reducir la producción de basura, pasa por estimular el reuso de los residuos y se concreta en la oferta de infraestructuras para el aprovechamiento mediante el alistamiento y la transformación de residuos en nuevos productos.
Los acueductos colombianos alcanzan buena cobertura, pero no alcanzan a las zonas rurales.

La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal, ratificó la importancia de los nuevos administradores territoriales en el mejoramiento de la prestación de servicios de agua y saneamiento.

Además de la incidencia que tienen la conservación y recuperación del recurso hídrico y los sistemas ecológicos.

En tal sentido, y ante la proximidad de las elecciones regionales a finales de octubre, la presidente ejecutiva de Acodal, Maryluz Mejía de Pumarejo, presentó una lista de 10 prioridades que, en su opinión, pueden contribuir a un mejor desempeño en los frentes mencionados.

1. Planes de Ordenamiento Territorial –POT- para la adaptación y la gestión territorial del riesgo rural y urbano para la prevención y atención eficaz de la población y el patrimonio en caso de desastres no previsibles.

2. Planes de ordenamiento territorial para la protección forestal, la reforestación, la protección de cuencas y la oferta equitativa del recurso hídrico para reducir la emisión de gases efecto invernadero.

3. Planes de asociaciones de municipios y departamentales de agua y saneamiento para el aprovechamiento de economías de escala, aumento de la productividad de la inversión y el avance en calidad y cobertura de agua potable y saneamiento básico.

4. Planes de reducción de basura y reciclaje, reúso y aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos

5. Planes maestros de acueducto y saneamiento básico como carta de navegación para lograr planear el corto, mediano plazo las inversiones destinadas al mejoramiento de la cobertura y calidad con enfoque local y regional.

6. Adopción de Agenda y manuales para la transparencia en la contratación de obras de infraestructura de agua y saneamiento básico y ambiental para mejorar la calidad de la inversión.

7. Estructuración de Acuerdos regionales y subregionales para el tratamiento de aguas residuales y aprovechamiento de los lodos resultantes de este proceso.

8. Definición de metas de reducción del consumo del recurso hídrico y del agua potable para aumentar su productividad y reducir las demandas de inversión en captación y potabilización.

9. Fomentar la concertación de políticas y recursos financieros y humanos con el sector privado y las comunidades locales para mejorar la gobernabilidad y aumentar la conciencia ciudadana para la defensa del ambiente y la autogestión de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en centros poblados y viviendas dispersas rurales.

10. Definir los planes de agua potable y saneamiento básico rural para superar el rezago en calidad y cobertura en estas zonas, fortalecer el proceso de paz, la equidad y el emprendimiento entre la población campesina.

El diagnóstico

De acuerdo con el documento de trabajo que sirvió de base a Acodal para argumentar sus propuestas, Colombia, que aporta solo el 0,4% al calentamiento global, es uno de los países más afectados por el cambio y la variabilidad climática, dada su ubicación en el trópico.

Esta situación indica que se deben tomar decisiones muy acertadas para la adaptación al cambio climático y para garantizar de manera equitativa el acceso al recurso hídrico para la producción agrícola e industrial y para el consumo humano.

En materia de recursos forestales, el papel de los alcaldes y gobernadores es fundamental, como quiera que su cercanía al territorio les facilita controlar la deforestación de manera más eficaz que a las autoridades regionales y nacionales.

Colombia, en 2018 se ubicó como el cuarto país del mundo y el segundo en Latinoamérica donde más se deforesta.

En materia de cuidado de los recursos naturales y en particular de las fuentes hídricas, la gestión integral del riesgo para atender con eficacia las amenazas y desastres naturales, los alcaldes tiene mucho por planificar y ejecutar.

En este frente, los Planes de Ordenamiento Territorial POT, constituyen la herramienta fundamental: Control a la expansión urbana sobre las reservas forestales y fuentes de agua; control a los asentamientos ilegales en zonas de alto riesgo y reubicación de la población ya asentada en los márgenes de ríos y quebradas y zonas de riesgo sísmico y remoción en masa; definición de zonas para reforestación de sus zonas urbanas y rurales; reserva de sitios para rellenos sanitarios y parques de reciclaje y aprovechamiento, entre otras actuaciones dirigidas a la adaptación al cambio y la variabilidad climática.

La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico se encuentra descentralizada por norma constitucional lo que ha permitido empoderar a los alcaldes en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo en consonancia con las demandas de sus administrados. Sin embargo, la excesiva presencia de prestadores de estos servicios en mercados pequeños y dispersos ha conducido a la pérdida de economías de escala y a acrecentar conflictos por acceso a las fuentes de agua.

Economías de escala

Frente a la pérdida de economías de escala y conflictos por diferencias en el acceso al recurso hídrico, los administradores territoriales cuentan con instrumentos en la Constitución Nacional, la Ley 142 de 1994 y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial –LOOT- o Ley 1454 de 2011 para organizar la prestación de estos servicios bajo esquemas regionales sobre la base de acuerdos entre municipios.

De otra parte, frente a la brecha campo-ciudad que se manifiesta en un rezago del 25% de cobertura en las zonas rurales, en comparación con la de los centros urbanos, es necesario contar con el compromiso de las alcaldías y de manera subsidiaria con las gobernaciones para lograr la equidad para los habitantes del campo.

Si bien el país ha avanzado en la cobertura en la prestación del servicio público de aseo, acercándola al 85% en zonas urbanas, es mucho lo que falta por realizar en materia de gestión integral de residuos sólidos.

La integralidad en esta gestión comienza por reducir la producción de basura, pasa por estimular el reuso de los residuos y se concreta en la oferta de infraestructuras para el aprovechamiento mediante el alistamiento y la transformación de residuos en nuevos productos.

De igual forma, el país registra un importante rezago en materia de tratamiento de aguas residuales. De hecho, el 40% de tratamiento generalmente terciario de las aguas residuales se encuentra muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Bien se sabe que las infraestructuras y equipos para estos procesos son costosas.

De ahí la importancia de realizar acuerdos entre varios municipios para financiar y operar este tipo de instalaciones aguas debajo de varios municipios.

A manera de conclusión de este breve diagnóstico la presidente de la Asociación llama a los alcaldes y gobernadores a tomar medidas para que los procesos de contratación de diseño y construcción de infraestructura y para la adjudicación de la operación y administración de los sistemas de agua potable y saneamiento básico y ambiental.

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum0