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Prospectiva energética, importaciones de gas y Electricaribe al banquillo en cuarto Foro de Asoenergía

  • El consumo forzado es una medida contraproducente por cuanto reduce las ventajas en precios que ofrecerían estas fuentes de energía en un mercado competido.
  • Según la presidente ejecutiva de Asoenergía, María Luisa Chiappe, a los 25 años de la ley eléctrica, sigue pendiente la tarea de lograr un sistema de energía competitivo.
María Luisa Chiappe, presidente de Asoenergía, lidera una profunda discusión energética en Colombia.

Un acucioso examen a la evolución y perspectivas del sector energético colombiano, así como la incidencia en costos por importaciones de gas y el salvamento de Electricaribe, están en la agenda del cuarto Foro de Asoenergía.

Asoenergía es gremio que reúne a los grandes consumidores de energía y realizará en Bogotá el Foro denominado "La visión del sector energético: los próximos 25 años".

El evento, que se desarrollará los días 16 y 17 de octubre en el Hotel Hyatt de la capital, coincide con la celebración de los primeros cinco años de labores de este gremio en busca de una oferta de energía favorable a la competitividad de la producción nacional.

El evento contará con la participación de la Ministra de Minas y Energía, quien hará la inauguración oficial lo mismo que los directivos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), expertos de la Misión de Transformación Energética, así como dirigentes gremiales, empresarios y expertos del sector.

Tareas pendientes

Según la presidente ejecutiva de Asoenergía, María Luisa Chiappe, a los 25 años de la ley eléctrica, sigue pendiente la tarea de lograr un sistema de energía competitivo.

"La composición actual de nuestra matriz energética solo permite abastecer cerca del 70% de la demanda de energía mediante contratos de largo plazo y nuestras tarifas de energía siguen por encima de las que ofrecen los principales competidores de Colombia en los mercados internacionales y en destinos de inversión", explica la directiva.

"Por ello hemos invitado a los expertos de la Misión de Transformación Energética, convocada por el Ministerio de Minas y Energía, para dialogar sobre sus apreciaciones en temas tan neurálgicos para el sector como el mecanismo de expansión de la generación, la insuficiencia de redes de transmisión y los costos por restricciones; la calidad de la distribución de energía, el modelo de abastecimiento y transporte de gas, y las reformas a la estructura del mercado energético que analiza esta Misión, precisamente en vísperas de presentar sus primeros documentos".

Energías no convencionales

Asoenergía respalda la incorporación de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en la canasta energética, porque ofrecen un producto de bajo costo que favorece la reducción de las tarifas para los consumidores, siempre y cuando se incorporen con criterios de mercado.

"Por ello hemos rechazado la imposición de cuotas o cualquier otra forma de consumo forzoso, que anularía buena parte de su ventaja competitiva", señala la presidente de Asoenergía.

"Lamentamos que el Plan de Desarrollo hubiera abierto la puerta a este tipo de medidas que se aplicarían por primera vez en la subasta de renovables no convencionales a realizarse el próximo 22 de octubre".

En caso de no cumplirse la meta de asignación establecida por el Ministerio de Energía, está previsto un mecanismo complementario para asignar en forma forzosa el remanente.

El consumo forzado es una medida contraproducente por cuanto reduce las ventajas en precios que ofrecerían estas fuentes de energía en un mercado competido.

Cobros por restricciones en aumento

Durante el mes de agosto el cargo por restricciones asociadas con limitaciones de transmisión llegó a $24,5/kWh, continuando la senda ascendente que se viene apreciando desde el mes de abril, después de haber tenido una reducción temporal durante el período seco de comienzos de 2019. En 2014 estas restricciones costaban $4/kWh , pero entre 2014 y 2018 este valor aumentó en promedio 70% al año.

Las restricciones obedecen principalmente a limitaciones en las líneas eléctricas de alta tensión que conectan el interior del país con la región Caribe, y adicionalmente a insuficiencia en la transformación de energía en las subestaciones de entrada a esta región.

En estas circunstancias los consumidores se ven obligados a comprar energía generada localmente, a costos muy superiores.

En 2018 dicha generación de seguridad significó un sobrecosto cercano a 700 millones de dólares para todos los consumidores del país. Un valor que inclusive ha llegado a superar la suma que pagamos anualmente por todo el sistema de transmisión nacional.

Caso Electricaribe

La solución estructural a este problema es completar las ampliaciones ya programadas del sistema de transmisión entre el interior del país y la región Caribe, lo mismo que la infraestructura requerida para la transmisión regional y las subestaciones de transformación de voltaje.

Durante el Foro de Asoenergía el Gobierno informará sobre el estado de los proyectos de mayor impacto en las restricciones.

"Seguimos esperando acciones de corto plazo que podrían reducir el costo por restricciones de transmisión, como la expedición en firme de la Resolución 034 de 2019 que publicó la CREG para consulta hace varios meses, mediante la cual se propone, entre otras medidas, la publicación y optimización de los costos de combustibles de las plantas térmicas que realizan la generación de seguridad, lo mismo que instrucciones para los procesos de reporte de dichos costos. Con esta medida se pretende garantizar transparencia e impedir incumplimientos, vacíos o interpretaciones de la regulación que terminen penalizando injustificadamente a los consumidores de energía del país".

Además, estamos pendientes de los resultados de las indagaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre las aparentes inconsistencias en los precios de gas reportados en estas declaraciones de costos.

Asoenergía reconoce que la crisis de Electricaribe es un asunto complejo cuya solución es de altísima prioridad por el impacto que tiene para el bienestar económico y social de una región donde habita el 23% de la población colombiana.

Si bien la sobretasa de cuatro pesos por kWh constituye un sobrecosto para el sector productivo que afecta su competitividad, evidentemente el Gobierno se vió obligado a buscar financiación para resolver los inconvenientes más apremiantes de la empresa, y ponerla en condiciones de venta con el fin de evitar una crisis catastrófica en la región Caribe.

Sin embargo es necesario advertir que se trata de una situación excepcional y transitoria; la sobretasa no debe convertirse en un cargo permanente. Tampoco puede ser un precedente para resolver en el futuro otros problemas del sector.

Monitoreo sectorial

En un sector tan estratégico es necesario tener sistemas robustos de monitoreo que permitan detectar oportunamente señales de alerta y adoptar medidas preventivas y correctivas con la debida anticipación. Solo así se evitará llegar a situaciones tan críticas como el caso de Electricaribe.

En este sentido es fundamental el papel que desempeñe la Superintendencia de Servicios Públicos, la cual requiere todo el apoyo para fortalecer sus capacidades técnicas de análisis y previsión.

Incertidumbre por oferta de gas

La declinación de las reservas de gas preocupa a los consumidores ya que se calcula que la dependencia del gas importado podría elevar los precios de este combustible hasta en 130%.

El Foro será una oportunidad para que las autoridades y agentes del sector aclaren interrogantes relacionados con la incertidumbre sobre el futuro de la oferta de gas, como:

¿Cuál es el monto real de las reservas de gas en Colombia?

Se requieren modificar las condiciones de "government take" para estimular actividades de exploración y explotación de gas?

Cuál es la realidad sobre los campos off-shore, sus perspectivas de producción, viabilidad comercial y disponibilidad para el mercado interno?

Adicionalmente se abordarán los problemas que enfrentan los consumidores en el transporte, distribución y comercialización de gas.

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