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Multas por más de $2.000 millones a empresas mineras del Meta por cartelización

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad única de competencia, sancionó a 11 agentes de mercado y a 9 personas naturales, al quedar demostrado que llevaron a cabo dos acuerdos restrictivos de la libre competencia económica celebrados y ejecutados por distintas empresas mineras de la zona de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva en el departamento del Meta.

Esto en el mercado de producción de materiales para la construcción extraído en lecho de río, cuyos compradores principales son los contratistas de Ecopetrol.

El primer acuerdo anticompetitivo consistió en la asignación de cuotas de suministro, denominada por los cartelistas como la "repartición equitativa".

En este acuerdo teniendo en cuenta el número de títulos mineros que distintas personas tenían en la zona, se acordó que el 40% del suministro de material pétreo para las solicitudes realizadas por los contratistas de Ecopetrol, correspondería a José Héctor Murillo Castillo y Servipetróleos; y el 60% restante a los mineros afiliados a la Asociación de Mineros de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva – ASOMGUACA. Esta práctica se presentó desde 2011 hasta mayo de 2016.

El segundo acuerdo anticompetitivo buscó garantizar y complementar el cumplimiento efectivo de la asignación de cuotas de suministro, y consistió en la fijación de precios del material pétreo que los mismos agentes de mercado establecieron año a año desde 2012 hasta febrero de 2016.

De igual forma, quedó demostrado que ASOMGUACA, como agremiación de los mineros de la región, constituyó un sistema y procedimiento que limitó la libre competencia económica en el mercado descrito al fungir como el vehículo a través del cual se coordinó la operación, logística, seguimiento, vigilancia y control de los acuerdos anticompetitivos celebrados por los mineros. De igual manera sirvió como portavoz del gremio y los cartelistas ante Ecopetrol y las diferentes autoridades locales.

La investigación se inició como consecuencia de la denuncia presentada por el Consorcio M&O, contratista aliado de Ecopetrol. A su vez, Ecopetrol mediante distintas denuncias presentadas ante esta Autoridad también informó de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de producción de materiales para la construcción extraídos en lecho del río en los municipios de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva en el departamento del Meta.

Posteriormente, y en el marco de la etapa preliminar de la investigación, José Héctor Murillo Castillo, Triturados y Triturados LTDA., Triturados Mina La Isla S.A.S., Piñeros Barrera y Compañía LTDA., Aluviales La Fortuna S.A.S., Suministros Mineros del Llano LTDA. y ASOMGUACA, solicitaron ingresar como delatores al Programa de Beneficios por Colaboración. De esta manera, los agentes confesaron su participación en los acuerdos restrictivos de la libre competencia económica, reconociendo su responsabilidad y aportando pruebas relevantes que demostraban la existencia y ejecución de un acuerdo de asignación de cuotas de suministro, así como de uno de fijación de precios en el mercado referido.

Una vez adelantada la investigación la Superintendencia encontró demostrado que celebraron y ejecutaron un acuerdo de asignación de cuotas de suministro a través del cual el 40% del suministro correspondería a José Héctor Murillo Castillo y Servipetróleos – quienes no hacían parte de la Asociación –, y el 60% restante a los mineros afiliados a ASOMGUACA.

Esto teniendo en cuenta el número de títulos mineros que tenían las distintas personas. De esta manera, las solicitudes de material se centralizaban a través del correo electrónico de la Asociación para, de manera posterior, realizar la repartición del material. Luego, se dispusieron distintos mecanismos para controlar y vigilar el cumplimiento del acuerdo. Eventualmente se impondrían sanciones a los cartelistas que incumplieran el acuerdo, así como a contratistas de Ecopetrol que no se ciñeran a los términos y condiciones impuestas por los mineros.

ASOMGUACA, constituyó un sistema y procedimiento que limitó la libre competencia económica en el mercado descrito al fungir como el vehículo a través del cual se materializaron los acuerdos restrictivos de la libre competencia económica, violando así la prohibición general de competencia (artículo 1 de la Ley 155 de 1959); conducta que incluye los actos de influenciación (numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992).

Las personas naturales vinculadas a los agentes de mercado investigados, exceptuando las vinculadas a Ecopetrol, ejecutaron, colaboraron, autorizaron o toleraron las conductas anticompetitivas por ellos desplegadas.

Ecopetrol no propició, avaló ni hizo seguimiento o vigilancia a los acuerdos anticompetitivos ejecutados por los mineros de la zona de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva. Por tal motivo, no se encontró que las personas vinculadas a Ecopetrol hubiesen ejecutado, colaborado, autorizado o tolerado las conductas imputadas a dicho agente de mercado.

En la medida en que José Héctor Murillo Castillo y Triturados y Triturados LTDA. cumplieron con sus obligaciones derivadas de los mismos, se les concedieron los beneficios pactados con la exoneración total de la multa, y al segundo delator, descuento del 50% en la multa. Este beneficio fue extendido a las personas naturales vinculadas a Triturados y Triturados LTDA., así como a Servipetróleos S.A.S. y José Héctor Murillo Castillo en calidad de Representante Legal de dicha sociedad.

A Triturados Mina La Isla S.A.S., Piñeros Barrera y Compañía LTDA., Aluviales La Fortuna S.A.S., Suministros Mineros del Llano LTDA. no se les concedieron los beneficios pactados en el marco del Programa de Beneficios por Colaboración, por cuanto incumplieron con las obligaciones derivadas de los respectivos Convenios suscritos con la Superintendencia. Esto por cuanto no cesaron su participación en las conductas anticompetitivas.

La Superintendencia ordenó a Ecopetrol estructurar y/o potenciar un sistema de alertas que le permita identificar las posibles infracciones a las normas del régimen de la libre competencia económica en el marco de su actividad empresarial, a través de las distintas acciones que realice en los distintos lugares del territorio nacional. Igualmente, que comunique la decisión a sus respectivos contratistas en la región como alerta sobre estas situaciones.

Una vez en firme la decisión, la Superintendencia la comunicará a: las Alcaldías municipales de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva del departamento del Meta, con el fin de que ante cualquier indicio de alguna práctica restrictiva de la libre competencia la comuniquen de manera inmediata a la Superintendencia; al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería.

Contra la decisión procede el recurso de reposición.

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