España compite con Polonia, Rumania, Hungría y Alemania por albergar la cuarta fábrica de baterías china de Europa. Las compañías del gigante asiático llevan más un año analizando distintas ubicaciones en el Viejo Continente, entre las que destacan León y Extremadura dentro de nuestro país, para construir una nueva planta, que implicará una inversión de entre 800 y 1.000 millones de euros en varias etapas, para coliderar la reconversión de la industria del motor, que ha acelerado su apuesta por el coche eléctrico ante la guerra contra el diesel y el CO2 desatada por la UE y algunos gobiernos nacionales.

La marca de moda masculina Núñez de Arenas, reconocida en España como la marca del "bigote", abre su primera tienda en Cáceres. El nuevo espacio está situado en el Centro Comercial Ruta de la Plata, un lugar que desde su apertura en 1993 se ha convertido en el referente comercial de la ciudad extremeña.

Iberdrola ha anunciado que amplía sus proyectos renovables en desarrollo avanzado con otros 400 MW fotovoltaicos en Extremadura. Se trata de tres plantas ubicadas en la zona del municipio de Cedillo (Cáceres), de las que dos estarán operativas en 2020.

Una concesión sanitaria que expira con un gobierno socialista en la autonomía. La historia del hospital valenciano de Alzira y la del extremeño de Santa Justa empieza exactamente igual, pero acaba de forma bien distinta. En el primer caso la Generalitat de Ximo Puig hizo campaña contra la gestión privada de la empresa, Ribera Salud. Apostó por revertir la concesión y dar paso a la gestión directa de la administración. En el segundo, la Junta que preside Guillermo Fernández Vara ha decidido confiar de nuevo en la colaboración público-privada. Y la firma agraciada ha sido, precisamente, Ribera Salud.

Infinity Lithium, la empresa australiana que aspira a explotar la mina de litio de Cáceres y montar una planta de enriquecimiento de este mineral en hidróxido de litio, con una inversión de 280 millones de euros, está en conversaciones con cuatro empresas europeas para la instalación de dos fábricas en Extremadura, una de cátodos y otra de baterías eléctricas, tal y como ya adelantó elEconomista.

Aunque algunas regiones como las forales, Cataluña o la propia Madrid registran extraordinarios incrementos de los costes laborales, no puede juzgarse esta noticia como algo totalmente bueno o malo per se si no se tiene en cuenta la evolución de la competitividad global.

Tras la subida histórica del 22% del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019, el mayor incremento de subida salarial de este sueldo de referencia de la historia, hasta los 900 euros, el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos han llegado a un acuerdo estableciendo para este año una subida hasta los 950 euros, esto es, un 5,5% mas que en 2019 (900 euros). Esta subida supone la primera piedra hacia el compromiso adquirido de elevar el SMI en 2023, hasta el 60% del salario medio, lo que actualmente representaría aproximadamente unos 1.200 euros. Pero esta medida tiene el efecto perverso de abrir una brecha entre las distintas comunidades autónomas de nuestro país, dejando a las más desfavorecidas por tener un menor PIB per cápita (como Extremadura y Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) mucho más expuestas a la pérdida de empleos que a las más boyantes, como Madrid o País Vasco.

La manifestación convocada este miércoles en la localidad de Don Benito por las organizaciones agrarias para reclamar precios justos en el campo ha terminado con cuatro heridos leves por contusiones. Durante la manifestación se han vivido momentos de tensión entre la Policía y agricultores y varias cargas.

Patronal y sindicatos ratificaron con el Gobierno el acuerdo para volver a subir el salario mínimo en 2020, hasta 950 euros. Fue en el mismo día en el que siguieron sucediéndose las protestas en el sector agrario. No en vano, como el presidente de Asaja, Pedro Barato, denuncia en elEconomista el fuerte alza acumulada por esta remuneración ataca en su misma línea de flotación a sectores como el agrícola, intensivos en mano de obra. Es más, provoca ya claras anomalías.

Convertido en adalid contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Pedro Barato alerta de las consecuencias que la medida aprobada este jueves tendrá en un sector que se rebela en toda España, harto de la crisis de precios que sufre. "Una subida de un 43% del SMI es la puntilla" para los agricultores y ganaderos, asegura.