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El Gobierno central ha alcanzado un acuerdo con Extremadura que devuelve a la legalidad la normativa eléctrica que la comunidad autónoma presidida por Guillermo Fernández Vara publicó en febrero. Con la vista puesta en las elecciones de mayo, introdujo exigencias de calidad de suministro adicionales a las estatales en zonas rurales, obligando a Endesa e Iberdrola a presentar planes de inversión para cumplirlas en un plazo máximo de dos meses, so pena de sufrir una sanción inédita de 600.000 euros.