Como todos los años, este 2021 los empresarios deberán cumplir hasta el 14 de febrero con el pago de las cesantías a sus trabajadores, las cuales son una prestación social a la que tiene derecho todo empleado con vínculo laboral y que corresponden a un mes de salario por cada año de servicio prestado.

La Junta y la patronal CEOE impulsarán cribados masivos con test de antígenos de la COVID-19 en los lugares con grandes "concentraciones de trabajadores" como polígonos industriales, centros logísticos, mercados centrales y grandes empresas para detectar positivos asintomáticos para aislarlos y frenar así la expansión del virus y su incidencia.

La digitalización acelerada que han vivido las empresas y las personas en los últimos meses ha traído muchos beneficios, pero también peligros.

El Gobierno cerró ayer la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) hasta el 31 de mayo tras sellar un acuerdo con los agentes sociales por el que se mantiene el esquema de exoneraciones y de prestaciones pero que agiliza  los trámites administrativos y con pequeños cambios en los sectores.

Nadie pudo predecir lo que ocurriría en 2020. Con la llegada de la Covid-19 los eventos se cancelaron, los viajes resultaron prácticamente imposibles y socializar se convirtió en una actividad virtual. Estos cambios pasaron a formar parte de nuestras vidas, y la forma de trabajar no fue una excepción.

Sin duda, una vez se pueda dar por finalizado el escudo protector a empresas, trabajadores y hogares articulado por el Gobierno para afrontar el impacto de la pandemia, el Ejecutivo podrá decir que puso todos los recursos a disposición para la causa. De hecho, solo en el caso de las prestaciones en Ertes y cese de actividad de los autónomos, así como las exenciones correspondientes en ambos casos a las aportaciones a la Seguridad Social -además de las incapacidades- suman hasta el momento un coste para el Estado de 40.800 millones de euros, lo que es equivalente al 56% de toda la ayuda a fondo perdido que llegará de la Unión Europea en los próximos años, unos 70.000 millones de euros.

Mujer y empleada en el sector de la educación es el perfil del trabajador que más ha incrementado el número de horas extra realizadas pero no remuneradas, duplicando las de 2019, en el cierre de un año marcado por el teletrabajo y el parón de actividades por las medidas para frenar la pandemia de coronavirus.

Sin duda, ERTE (siglas de expediente de regulación temporal de empleo) ha sido uno de los términos más repetidos en 2020, ya que se convirtió en una de las principales medidas de España para frenar el aumento del paro en un momento de caída drástica de la actividad debido a la COVID-19. A cierre de enero, eran 738.969 empleados los que estaban bajo esta figura, si bien en el peor momento de la pandemia, en el mes de abril, llegaron a superar los 3 millones.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseveró que, "si los salarios le ganan a la inflación, los empresarios van a ganar más porque habrá más consumo!, con lo cual reafirmó la idea que guía las conversaciones iniciadas esta semana por el Gobierno con empresarios y gremios.

Desde hace ya varios años a muchas personas se les hiela el corazón cuando ven la imagen de jóvenes ciclistas subiendo cuestas urbanas con enormes cajas a su espalda, más aun cuando se conoce que estos jóvenes deben usar su propio medio de transporte, pagar sus gastos y sólo cobran en la medida que reciben encargos a través de plataformas tecnológicas, en muchos casos, propiedad de grandes multinacionales.

Compramos desde el sofá, vamos a clase desde nuestra habitación, visitamos al médico sin salir de casa, nos vemos con familiares y amigos desde el ordenador o el smartphone… Nos adentramos en la era de la distancia y del clic, en la que prácticamente todo se hace a través de la pantalla. Y esta tendencia podría haber llegado para perdurar también en el mercado laboral tras la eclosión del teletrabajo como medida de prevención y contingencia de la expansión del virus.

Es nulo un plan empresarial, como el Plan 'Tracker' de Telepizza, que obliga al trabajador con categoría de repartidor a aportar un teléfono móvil personal con conexión a Internet para usar en él aplicaciones informáticas de la empresa para facilitar su geolocalización en el reparto, según dictamina el Tribunal Supremo en sentencia de 8 de febrero de 2021.

El Gobierno nacional estableció que será justificada la inasistencia de los trabajadores y las trabajadoras que se ausenten en su jornada laboral el día en que tengan asignado el turno para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Así lo informa la Resolución 92/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Las empresas se han visto apoyadas en el último año por un esquema de Ertes que ha permitido mantener a la plantilla en alta ajustando sus horas de trabajo o prescindiendo de parte de ella durante un periodo. Ahora bien, un año después del estallido de la pandemia, el requisito de no despedir hasta los seis meses de aplicación del Erte está provocando que ciertas empresas tengan dificultades para llevar a cabo ajustes de plantilla, pese a la certeza de que no volverán a recuperar los niveles de actividad previos a la crisis. Sin embargo, la Justicia ya avala ciertos despidos de trabajadores pese a estar en situación de Erte por causas económicas relacionadas con el Covid.

El Gobierno avanza con paso firme en la puesta en marcha del fondo público de pensiones con el que pretende impulsar los planes de pensiones en el ámbito de la empresa con el objetivo de fomentar el ahorro de trabajadores, autónomos y pymes, así como de los funcionarios en los diferentes niveles de la administración. Un punto fundamental del diseño de este vehículo financiero será la Comisión de Control que albergará a un nutrido grupo de expertos altamente especializados en materia y de vigilancia sobre los fondos, que supervisarán el ahorro de los trabajadores.

La pandemia ha supuesto una ruptura sin precedentes en el mercado laboral español, pero no solo en términos de destrucción de puestos de trabajo con más de cuatro millones de personas en el paro, 762.742 más que hace un año, sino en el día a día de las compañías que han tenido que adaptar sus plantillas y su actividad a las ausencias relacionadas con el Covid. Un hecho que ha provocado que el coste para la Seguridad Social de las prestaciones por incapacidad temporal se incremente en un 25% en 2020 en comparación con el año anterior, superando la factura total los 10.000 millones de euros -con los datos de ejecución presupuestaria de noviembre, los últimos disponibles- contra los 8.406 millones desembolsados en todo el 2019.

Según la tasa Arope (At Risk Of Poverty andor Exclusion), elaborada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, España ocupa la séptima posición en la Unión Europea (UE) en la tabla clasificatoria de la pobreza.

Tras largas batallas judiciales y ante una grave inseguridad jurídica generada entre los riders y las plataformas digitales, parece que el Alto Tribunal ha asentado jurisprudencia respecto de la controversia generada que ha llevado a solventar la calificación de la relación jurídico laboral existente entre ambas partes. En este sentido, parece que el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 805/2020 de 25 de septiembre de 2020, lo tiene bastante claro: Los riders son trabajadores por cuenta ajena.

¿Recuerdan a Emma? Hace un año y medio, la compañía Fellowes, especializada en artículos y soluciones ergonómicas para adaptar el entorno laboral a los trabajadores lanzó una seria advertencia con un modelo a tamaño natural de la oficinista del futuro: túnel carpiano, problemas cervicales, sequedad ocular, vista cansada, dolor de espalda, trastornos musculares, mala circulación... Emma tendría el 'pack' completo en 20 años si no se ponía ningún remedio. Y el teletrabajo que ha brotado tras la pandemia no ha hecho sino acelerar el proceso. 

La pandemia ha propiciado que el sector de las infraestructuras acelere una serie de cambios que obligan a las empresas a adaptarse para no perder el tren del crecimiento. Antonio de Gregorio, socio de McKinsey, subraya, en este sentido, tres vectores prioritarios: el desarrollo de capacidades de las plantillas, los procesos de licitación y los nuevos focos de inversión en proyectos de infraestructuras.

La crisis del covid-19 puede dejar dos marcas a largo plazo en el mundo laboral. Una es una fuerza laboral necesitada de cuidados tras un año de aislamiento: según un estudio de Microsoft publicado este lunes, más de un 50% de los empleados dice estar "sufriendo" este año, y un 41% está pensando cambiar de empresa este año. El otro, sin embargo, apunta a ser igual de disruptivo pero en un lado positivo: la normalización del teletrabajo. Un 73% de los empleados mundiales que se han visto obligados a trabajar a distancia querría mantener esta posibilidad a largo plazo, de una forma puntual que les ayude a conciliar mejor sin dejar de lado las relaciones personales en la oficina.

España se encuentra a la cola de empleabilidad en personas mayores de 55 años entre los países de la OCDE. Y aunque la tendencia en los últimos años ha sido favorable para la participación de este colectivo en el mercado laboral, los niveles se encuentran aún por debajo de la media de los principales países desarrollados del mundo. Concretamente, a finales de 2019 -últimos datos homogeneizables a las diferentes regiones, previos al impacto de la pandemia-, España ocupaba una posición intermedia en el conjunto de la OCDE, con una tasa de actividad del 62,6% en el grupo de edad de 55 a 64 años, por debajo del 64% que presentan de media el resto de países.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, que accederá al cargo mañana en el primer consejo de administración tras la fusión con Bankia, y el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, han reunido en el día de hoy a 8.000 directivos de manera telemática mediante un vídeo institucional, para lanzarles lo primeros mensajes, una vez que el viernes se cerrara la operación. Ambos directivos han transmitido un mensaje de unidad, confianza y responsabilidad ante el reto de la integración, que se desarrollará en paralelo a la gestión de la crisis sanitaria y económica a lo largo del ejercicio 2021.

La afectación supone la incorporación de un bien al patrimonio empresarial o profesional del contribuyente, desde su patrimonio personal. Dicha incorporación no produce alteración a efectos fiscales mientras el bien continúe formando parte de su patrimonio. Asuntos como el uso del automóvil afecto al negocio o la contratación de familiares son aspectos que precisan pruebas sólidas ante la solicitud de Hacienda.

Vinci dará un salto de gigante para erigirse en uno de los grandes protagonistas del mundo como contratista de energía y desarrollador de proyectos renovables con la compra del negocio industrial de ACS y la alianza con el grupo español en el ámbito de los proyectos verdes.

Amazon llevará hasta el final su batalla contra la creación del que podría ser el primer sindicato de trabajadores de la compañía en EEUU, en Bessemer (Alabama), una iniciativa que si sale adelante obligará a la firma a tratar por primera vez con un grupo organizado de empleados.

A finales del año pasado había en España 2,8 millones de españoles (el 14,5% del total de la población ocupada) que trabajaban en un empleo a tiempo parcial. Las personas con esta modalidad contractual se redujeron en 145.700 respecto al mismo periodo del año anterior e, igualmente, bajó el peso sobre el total de ocupados, pues en el cuarto trimestre de 2019 fue el 14,75%. Sin embargo, lo que sí ha crecido es el peso de las personas que teniendo un empleo a tiempo parcial querrían trabajar con un contrato a tiempo completo.

Blue Prism ha impulsado la gestión de las ayudas a los autónomos ofrecidas por la consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus.

En una relación laboral, el Estatuto de los Trabajadores establece a favor del empleado el derecho a no ser discriminado por razón de edad (artículos 4 y 17) y, en concreto, a no ser despedido por tal causa, pudiendo acarrear la consecuencia de una declaración judicial de "nulidad" si, a pesar de ello, al trabajador se le despide y, al considerarse discriminado, recurre la decisión unilateral del empresario ante la jurisdicción social.

El escrutinio de los primeros votos para decidir si se crea en un almacén de Alabama el que podría ser el primer sindicato de empleados de Amazon en EEUU ha resultado decepcionante a los intereses de los sindicalistas: el "no" supera al "sí" por más del doble, con la mitad de los sufragios escrutados.